La libertad de expresión que quiere Elon Musk en Twitter puede salir muy cara. Tan costoso como el cierre en Europa

Desde que el multimillonario Elon Musk se hizo con Twitter por 44.000 millones de euros, el caos ha rodeado a la red social. No sólo se ha despedido a miles de empleados, se han ido algunas empresas de la plataforma o se han vetado a usuarios como Donald Trump, sino que recientemente ha dejado de aplicar las políticas antiacoso destinadas a acabar con la desinformación en Covid. Este cambio de rumbo ha preocupado a algunos reguladores, que acusan a Musk de aumentar el discurso, la desinformación y el abuso.

Lo que significaba convertir la plataforma en un paraíso libre de libertad de expresión, en su soñada "plaza del pueblo", le puede costar muy caro. La Comisión Europea ha amenazado al magnate con una prohibición a menos que Twitter cumpla con las estrictas reglas de moderación de contenido.

La advertencia de Bruselas. Se produjo hace unas horas en una videollamada entre Musk y Thierry Breton, el comisionado de la UE a cargo de implementar las reglas digitales del bloque. Breton le dijo a Musk que debe cumplir con una lista de verificación de reglas, incluida la eliminación de un sistema "arbitrario" para restablecer a los usuarios baneados y aceptar una "auditoría independiente extensa" para el próximo año.

La UE ya había instado anteriormente a Musk a cumplir con sus normas contra el discurso de odio y la desinformación online. Ahora, el organismo le advierte de que, de no atenerse a esas reglas, Twitter corre el riesgo de infringir la nueva Ley de Servicios Digitales de la UE, que establece cómo las redes sociales deben vigilar su contenido.

Consecuencias. La Comisión Europea ha acordado con la plataforma que se lleve a cabo una "prueba de estrés" en la sede de Twitter a principios de 2023 y se prepare para una auditoría. El objetivo es ver si la red social se atiene a las nuevas regulaciones de la UE, en concreto, a la Ley de Servicios Digitales de la UE que entró en vigor el 16 de noviembre. Esta norma cubre la "detección de cobertura, marcado y eliminación de contenido ilegal"e impone obligaciones a las empresas para evitar el abuso.

Si se determina que las empresas cometieron una infracción, se enfrentan a multas de hasta el 6% de la facturación global, o una prohibición en el caso de infracciones graves repetidas. Es decir, Twitter podría enfrentarse a un cierre en toda Europa si viola la ley.

Las demandas de la UE. Entre las demandas de la UE está que Musk proporcione criterios claros sobre qué usuarios pueden ser baneados o no. Hace unos días, Musk restableció la cuenta de Donald Trump tras realizar una encuesta entre los usuarios sobre si debía permitir que el expresidente regresara a la plataforma. Los funcionarios de la UE han expresado también su preocupación sobre si Twitter tiene suficiente personal para cumplir con las nuevas reglas después de una serie de despidos en masa este mes.

En una publicación de blog, Twitter explica que ninguna de sus políticas ha cambiado y que su equipo de confianza y seguridad se mantuvo "fuerte y con buenos recursos", pero añaden: "Nuestro enfoque para la aplicación de políticas se basará más en la desamplificación del contenido infractor: libertad de expresión, pero no libertad de alcance". Y defienden que la compañía todavía buscaba "promover y proteger la conversación pública", aunque han cambiado la manera de experimentar al someterse a más "pruebas públicas".

La investigación de EEUU. Por otro lado, la red social se enfrenta en EEUU a un escrutinio por parte de las autoridades centrado en la inversión extranjera en la plataforma. Tal y como se menciona en este artículo de Financial Times, las presentaciones de valores muestran que el Príncipe Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz de Arabia Saudita transfirió más de 35 millones de acciones, o el 3,5% de las acciones totales del público a la nueva empresa privada como parte de la compra de 44.000 millones de Musk. Kingdom Holding Company, un fondo de inversión controlado por el príncipe, posee participaciones en empresas estadounidenses, incluidas Citigroup, Uber y Lyft, según su sitio web.